UGT interpondrá conflictos colectivos en las empresas de Ayuda a Domicilio de Ciudad Real por incumplimiento del convenio estatal. En la última mediación -celebrada hoy- la patronal ha vuelto a negarse a igualar los salarios de estas trabajadoras al convenio estatal de Dependencia. El sindicato interpondrá en los tribunales conflictos colectivos por cada empresa afectada para exigir que se cumpla con la legalidad
Ciudad Real Noticias.- Sindicatos y patronal del sector de Ayuda a Domicilio de Ciudad Real celebraron el pasado viernes un acto de medicación para la firma del convenio colectivo provincial, encuentro que ha concluido sin acuerdo. UGT denuncia que la firma no ha sido posible porque la patronal sigue negándose a aplicar las retribuciones del convenio colectivo estatal de la Dependencia, de tal manera que estas trabajadoras -alrededor de 2.000 personas en Ciudad Real- están cobrando por debajo del convenio marco.
El sindicato recuerda que el convenio colectivo estatal recoge unas retribuciones mínimas que deben respetar todos los convenios provinciales o de empresa y exige a la patronal que aumente los salarios de estas trabajadoras. “Estamos hablando de que el convenio estatal de Dependencia contempla un sueldo mensual de 1.090 euros, poco más que el SMI. Son trabajadoras con sueldos muy bajos y con muchos problemas para llegar a fin de mes”.
UGT anuncia que interpondrá en los tribunales conflictos colectivos por cada empresa que no respete el convenio estatal e informa a las personas afectadas que, en principio, no sería necesario que demandasen de manera individualizada.
La Unión General de Trabajadores y Trabajadoras se pone de esta manera al servicio de las empleadas de Ayuda a Domicilio de Ciudad Real y les anima a contactar con el sindicato para reclamar estos incrementos de salario que les corresponde.
Esta situación afecta a unas 2.000 mujeres (y a apenas unos pocos hombres) que prestan la Ayuda a Domicilio a decenas de miles de personas usuarias de numerosas localidades de la provincia de Ciudad Real, a través de las empresas beneficiadas con las contratas ofertadas por los ayuntamientos que han optado por la “gestión indirecta” de este servicio público y esencial.
