Dentro de la denominada operación “FULCAT” el SEPRONA de la Comandancia de la Guardia Civil de Ciudad Real detectó un desguace que operaba irregularmente en el término municipal de Alcázar de San Juan, investigando a su propietario por la comisión de unos supuestos delitos de falsificación continuada de documentos públicos y contra los recursos naturales y el medio ambiente.
Desarrollo de los hechos
Durante una inspección rutinaria en el mes de octubre, del pasado año 2025 agentes del SEPRONA detectaron graves irregularidades en las instalaciones de este desguace. Debido a la magnitud de los hallazgos y la gran cantidad de vehículos depositados, se programó una segunda inspección, conjuntamente con inspectores del Servicio de Economía Circular y Agenda 2030 de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real. En las instalaciones, se confirmaron numerosas y graves irregularidades en la gestión de los vehículos al final de su vida útil.
Por tales hechos, los agentes actuantes del SEPRONA iniciaron una investigación más profunda con el objetivo de aclarar la situación de los vehículos que se encontraban sin la adecuada descontaminación exigida por la normativa.
El titular de la empresa implicada se enfrenta a cargos por delitos continuados contra el medio ambiente y falsificación documental. La trama consistía en certificar falsamente la descontaminación de vehículos al final de su vida útil cuando en realidad, los automóviles eran acumulados sin procesar en una zona de las instalaciones que carecían de autorización administrativa, la cual había sido denegada por su proximidad a un humedal protegido (ZEPA).
Esta actividad ilícita provocaba el deterioro de los vehículos almacenados a la intemperie, lo que derivaba en el vertido de residuos peligrosos directamente sobre la superficie del terreno.
Igualmente, se comprobó que los gases fluorados de los aires acondicionados de los vehículos no se extraían ni reciclaban de forma adecuada, liberándose en algunos casos directamente a la atmósfera. Estas emisiones dañan gravemente la capa de ozono y potencian el calentamiento global. Por ello, la normativa actual exige un protocolo estricto para su recuperación y tratamiento, clasificándolos como residuos peligrosos debido a su alto potencial de efecto invernadero.
No obstante, no solo se vulnera de esta manera la legislación medioambiental, sino que también puede generar una competencia desleal con los gestores de residuos u otros desguaces dedicados a este tipo de gestión que si cumplen la normativa.
Para confirmar todos estos extremos, se está realizando un informe pericial por miembros de la Unidad Técnica de la Jefatura del SEPRONA, donde se va a estimar mejor las cantidades y el impacto ambiental que se podría estar ocasionando al medio ambiente, concretando las toneladas de emisiones directas de gases a la atmósfera.
Las diligencias policiales han sido puestas a disposición del Tribunal de Instancia de Alcázar de San Juan.
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