La socialista traslada un mensaje de tranquilidad y reitera que la intención de los socialistas es que el servicio que prestan los sacerdotes y capellanes en hospitales o residencias públicas “no tenga que pagarlo el sistema sanitario público de Castilla La Mancha”.
Ciudad Real Noticias.- La diputada Regional del PSOE, Ana Isabel Abengózar, ha manifestado su “indignación” ante las “continuas mentiras de los dirigentes ‘populares'” a los que les ha recordado la importancia de la “responsabilidad política”. Abengózar ha respondido a Lola Merino en referencia a la “eliminación de la obligación de financiar con dinero público los servicios religiosos en el ámbito de la sanidad, la educación o el bienestar social” y le ha recordado que “el Partido Socialista en el pasado, en el presente y en el futuro es defensor de las libertades, de todas, incluida la religiosa”.
De una manera clara, la parlamentaria socialista ha querido trasladar un “mensaje de tranquilidad” ya que tal y como ha indicado “la proposición no pretende en ningún caso privar de atención religiosa a los ciudadanos de Castilla-La Mancha”. Así, Abengózar ha recalcado que la intención del PSOE es que dicho servicio que prestan los sacerdotes y capellanes en hospitales o residencias públicas “no tenga que pagarlo el sistema sanitario público castellano-manchego”.
En este sentido, la parlamentaria socialista ha lamentado que “el Partido Popular quiera demostrar que solo él defiende el catolicismo cuando no es cierto”, y ha subrayado que “los socialistas defendemos la libertad religiosa”. Abengozar ha aclarado que “en ningún momento los socialistas hemos hablado de quitar de los servicios públicos de la Junta de Castilla-La Mancha nada que tenga que ver con la religión”.
Y ha indicado que de lo que se trata es de “por qué tiene que ser la comunidad autónoma la que abone estos servicios” que suponen a Castilla-La Mancha 425.000 euro por lo que ha detallado” pedimos que se pague y que se negocie con el Estado” ha matizado.
La proposición aprobada este jueves en las Cortes regionales insta al Gobierno de España a garantizar la libertad de cualquier persona a recibir atención religiosa “sin discriminación de ningún tipo”.