En un escrito suscrito por los responsables de las asociaciones integrantes de la Plataforma Estatal de Enfermera Escolar, el Sindicato de Enfermería, SATSE; el Foro Español de Pacientes, FEP, y el Sindicato Independiente de la Enseñanza Pública ANPE, se da traslado a la Fiscalía de Menores de la situación que se vive en los centros educativos una vez que ha vuelto el alumnado a las aulas, y se subraya la gran preocupación existente entre los padres y madres, profesorado y el resto de la comunidad educativa sobre la posible expansión del coronavirus.
La Plataforma subraya que la situación que se está generando en los centros educativos es muy preocupante dada la vulnerabilidad de los alumnos y alumnas y, especialmente, de aquellos y aquellas que tienen patologías previas crónicas, como la diabetes, el asma, la bronquitis o cualquier otra enfermedad respiratoria, entre otras.
Ciudad Real Noticias.- La Plataforma Estatal de Enfermera Escolar ha informado a la Fiscalía de Menores de la situación de grave riesgo que sufren los niños, niñas y jóvenes en los centros educativos como consecuencia de que las distintas administraciones públicas no están utilizando todos los medios a su alcance para mitigar y controlar el riesgo de contagios de Covid-19 a través de la presencia de una enfermera o enfermero en las aulas.
Tras detallar de manera pormenorizada a la Fiscalía las actuaciones acordadas por las distintas autoridades competentes desde el inicio de la pandemia en nuestro país, la Plataforma concluye que las destinadas a proteger a los niños, niñas y jóvenes en sus centros educativos no son suficientes, al no implementar una medida que resulta fundamental e imprescindible para garantizar su protección y seguridad como es la implantación de la enfermera escolar.
Coincidiendo con el Día Mundial de Seguridad del Paciente, que se celebra hoy, la Plataforma subraya que la situación que se está generando en los centros educativos es muy preocupante dada la vulnerabilidad de los alumnos y alumnas, que son menores de edad y, especialmente de aquellos y aquellas que tienen patologías previas crónicas, como la diabetes, el asma, la bronquitis o cualquier otra enfermedad respiratoria, entre otras.
Asimismo, la Plataforma apunta que la situación no solamente es alarmante desde el punto de vista de que se infecte un menor, sino por el efecto exponencial que tiene ese contagio, ya que al menor hay que ponerle en aislamiento, así como al resto de compañeros y compañeras de la clase, docentes y entorno, ponerlos en cuarentena y hacerles las pruebas a todos ellos y ellas. “Y todo ello en el caso de que se detecte el contagio rápidamente ya que, en caso contrario, el resultado puede ser mucho más grave, porque podría producirse un contagio masivo, descontrolándose así el impacto de la pandemia”, añade.
Recuerda, además, que la persona responsable para los aspectos relacionados con la enfermedad en cada centro, el denominado “coordinador Covid”, está siendo generalmente un docente, cuando debería ser un profesional sanitario, como es la enfermera o enfermero, sobre el que tuviese que recaer esta importante responsabilidad dada su cualificación y competencias.
Ante esta realidad, la Plataforma insiste en que son las enfermeras y enfermeros los que mejor pueden responsabilizarse de la detección precoz de casos y la gestión adecuada de los mismos en plena coordinación con los responsables del centro, la comunidad educativa y el servicio sanitario y de salud pública de referencia y con arreglo a los planes y protocolos conjuntos establecidos.
El escrito a la Fiscalía de Menores se suma al resto de actuaciones realizadas hasta la fecha por la Plataforma Estatal de Enfermera Escolar, como distintos escritos y contactos con el Gobierno y las consejerías de Sanidad y Educación o el Defensor del Pueblo, para acabar con la “gran asignatura pendiente” que supone el no contar en todos los centros educativos de nuestro país con la presencia de, al menos, una enfermera o enfermero.
Además, ANPE, como sindicato independiente, llevará a cabo acciones más acciones legales contra la administración educativa para preservar la salud de docentes, alumnado, familias y resto de profesionales de los centros educativos y, en consecuencia, de la sociedad en general.
