El programa municipal de control de plagas del Ayuntamiento de Ciudad Real se ha convertido en el epicentro de un debate que involucra prácticas peligrosas, posibles ilegalidades laborales y la complicidad de sindicatos tradicionales. El sindicato Solidaridad respalda las denuncias del grupo municipal VOX, exponiendo el uso de biocidas altamente tóxicos, personal no cualificado y equipos de protección inadecuados, mientras acusa a CC.OO y CSIF de priorizar la defensa política sobre la salud pública y los derechos de los trabajadores.
Biocidas en el agua: Un riesgo ambiental y sanitario
En una rueda de prensa el 19 de mayo, VOX alertó sobre la aplicación irregular de rodenticidas y biocidas acumulativos en el alcantarillado de Ciudad Real. Las imágenes de CRTV (15 de mayo) muestran cómo operarios vierten cebos directamente en aguas residuales, algo prohibido por normativa sanitaria. Expertos consultados por VOX confirmaron que estos productos, al mezclarse con el agua, contaminan el río Guadiana tras pasar por la depuradora, ya que los residuos tóxicos no se eliminan completamente.
Además, se emplearon pulverizadores para cucarachas, método desaconsejado por el Ministerio de Sanidad por dejar residuos bioacumulativos. Solidaridad señala que el Ayuntamiento optó por el método más barato, no el más seguro, priorizando el ahorro sobre la salud. “Si esto se confirma, el concejal Gregorio Oraá debería dimitir”, exige el sindicato.
Personal no cualificado: Un peligro para todos
VOX cuestiona si los 14 operarios anunciados por el Ayuntamiento tienen las certificaciones obligatorias (nivel 2 para aplicadores y nivel 3 para técnicos). Las imágenes sugieren que solo contarían con carnés fitosanitarios, insuficientes para manipular biocidas. Solidaridad solicita públicamente los certificados, destacando que, de ser falsos los datos, CC.OO y CSIF serían cómplices por omisión.
La web municipal añade confusión: en una sección menciona 4 aplicadores para DDD (Desratización, Desinsectación, Desinfección), y en otra, 14. “Estas contradicciones indican manipulación”, denuncia Solidaridad.
Legionella: Registros que no cuadran
El Ayuntamiento afirma en su web controlar dos torres de refrigeración para prevenir Legionella. Sin embargo, el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas (ROESB) indica que no tiene competencias para ello. “¿Cómo explican esta discrepancia?”, interpela Solidaridad al concejal Oraá.
Equipos de protección: Riesgo laboral y vecinal
El protocolo exige trajes químicos, mascarillas con filtro y cubrebotas, pero las imágenes muestran a operarios con ropa ordinaria y sin protección. El propio concejal apareció en la noticia vestido de calle. “Esto no es solo ilegal; es una irresponsabilidad”, advierte Solidaridad, recordando que la exposición a biocidas puede causar enfermedades en trabajadores y vecinos.
CC.OO y CSIF: ¿Sindicatos o voceros del Ayuntamiento?
Tras la denuncia de VOX, CC.OO emitió un comunicado en siete días —“tiempo récord para un sindicato lento”, ironiza Solidaridad—, pero evitó evaluar los protocolos. CSIF defendió el programa sin aportar pruebas. Ambos priorizaron desacreditar a VOX en lugar de verificar las condiciones laborales. “Si los operarios carecen de EPIS, ¿dónde está su defensa?”, cuestiona Solidaridad.
