VOX reclama al Gobierno un plan nacional de contingencias que palíe los efectos devastadores de la sequía

VOX reclama al Gobierno un plan nacional de contingencias que palíe los efectos devastadores de la sequíaDenuncia que el PSOE derogó el Plan Hidrológico Nacional para obtener los votos de ERC en la investidura de José Luis Rodríguez Zapatero.

Ciudad Real Noticias.- La sequía que azota a múltiples territorios de la geografía española está provocando una situación de extrema gravedad: no sólo se producen cortes en el suministro de agua en algunos municipios, sino que la España rural, que sobrevive gracias a la labranza de los campos o a la explotación de ganado, asiste impotente a este drama para su modo de vida. Las pérdidas económicas que experimentan agricultores y ganaderos sólo pueden contribuir a deteriorar, aún más, la delicada situación que atraviesan muchos territorios tradicionalmente vinculados al campo, y en los que el efecto de la despoblación se acrecienta año a año.

“Las escasas lluvias de finales de primavera y verano han mermado de forma notable las reservas de agua en los embalses. La reserva hidráulica española almacenada en los embalses peninsulares ha descendido hasta el 49,4% de su capacidad total, hasta llegar actualmente a los 27.722 hectómetros cúbicos (hm3) de agua”, señala el diputado del Grupo Parlamentario VOX por Ciudad Real, Ricardo Chamorro, que subraya con preocupación los estragos que la falta de lluvia están generando en el campo: “No se cubren ni en un 45% las necesidades hídricas de los cultivos, llevando ello a una reducción significativa de producción con respecto a los últimos años”.

Así, recuerda que a 12 de agosto de 2019 hay numerosas cuencas hidrográficas en porcentajes inferiores al 50%:

-Guadalquivir: 40,07%

-Guadiana 42,50%

-Júcar: 33,08%

-Segura 24,04%

-Tajo 41,80%

Todas en mínimos históricos de los últimos años y, ante la falta de previsión de lluvias, en situación de extrema gravedad tanto para la población como para agricultores y ganaderos.

En este sentido, Ricardo Chamorro denuncia que “los partidos que se han turnado en el poder -PP y PSOE- no han sido capaces de impulsar estructuras hídricas que cohesionen y palíen el problema hídrico de España”.

“De hecho, el PSOE derogó el Plan Hidrológico Nacional para obtener los votos de ERC en la investidura de José Luis Rodríguez Zapatero y, siendo ministra Cristina Narbona -presente en el actual ejecutivo de Pedro Sánchez- se suprimió el instrumento jurídico y técnico que habría puesto fin al déficit estructural de la cuenca del río Segura y garantizado los recursos hídricos para mantener la agricultura de la zona. Actualmente el gobierno del PSOE está autorizando trasvases del Tajo-Segura, teniendo la cuenca del Tajo una reserva de mínimos del 41,80%”, añade.

Tras reclamar un Plan Global Nacional de Contingencias que palíe los efectos devastadores de la sequía a todos los niveles y en todos los territorios donde se esté produciendo, Chamorro apuesta por buscar soluciones para evitar los efectos de una sequía que no hace sino contribuir a la despoblación de las zonas rurales.

Por eso, plantea al Gobierno las siguientes preguntas:

-¿Ha pensado el Gobierno en realizar un Plan Nacional de Contingencias ante la situación grave de sequía, o acometer alguna iniciativa nacional ante la situación excepcional por sequía extraordinaria?

-¿Qué medidas ha planteado el gobierno en la mesa de sequía para paliar los efectos de la misma en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia, Extremadura, Aragón, Valencia, Madrid, País Vasco, Galicia o Andalucía?

-¿Tiene el Gobierno un listado, a nivel nacional, de los municipios declarados en alerta por las distintas Confederaciones Hidrográficas del territorio nacional?

-¿Podría informarnos el Gobierno a través de la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica, de los informes de Seguimiento actualizados de los planes hidrológicos de cuenca y de los recursos hídricos en España de 2018-2019?

El Gobierno dispone ahora, según lo recogido en el artículo 190 del Reglamento del Congreso, de un plazo de 20 días para responder, pudiendo prorrogarse este plazo a petición del Ejecutivo por otros 20 días más.

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