El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado la moción presentada por VOX para impulsar una regulación clara y específica de los vehículos de movilidad personal (VMP) en la ciudad, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y proteger a los peatones. La iniciativa ha salido adelante con el voto favorable del conjunto de la oposición y la abstención del Partido Popular, que ha evitado posicionarse a favor de una medida necesaria para el orden y la convivencia en el espacio público.
Durante el debate, Iván Mora defendió la necesidad de ir más allá de las campañas informativas y de la mera comunicación institucional, apostando por una ordenanza específica que establezca normas claras, sanciones efectivas y un control real por parte de la Policía Local frente al uso irresponsable de patinetes eléctricos. VOX recordó que la ordenanza vigente ha demostrado ser insuficiente para frenar las conductas de riesgo y los conflictos de convivencia que se producen a diario en las calles de la ciudad.
Las enmiendas presentadas por el PP fueron rechazadas por el resto de grupos de la oposición al entender que vaciaban de contenido la moción de VOX y diluían una iniciativa política concreta en meras referencias técnicas y estudios sin compromisos ni plazos. Pese a ello, el PP optó finalmente por la abstención en lugar de respaldar una propuesta que busca mejorar la seguridad de peatones y usuarios de VMP.
Desde VOX se ha subrayado que este acuerdo del Pleno obliga al equipo de gobierno a iniciar los trámites para una regulación específica que refuerce la convivencia, la seguridad vial y el respeto a las normas en el municipio. “Hoy ha ganado el sentido común y la responsabilidad. Frente a la política del cartel y la campaña en redes, VOX ha traído una propuesta seria para poner orden en nuestras calles y proteger a los vecinos”, ha señalado la portavoz del Grupo Municipal, Fátima de la Flor.
VOX ha anunciado que hará un seguimiento exhaustivo del cumplimiento del acuerdo aprobado para evitar que quede en un mero gesto político y exigir que se traduzca en una ordenanza efectiva, con plazos, contenido claro y medidas reales de control y sanción.
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