El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado el “inminente comienzo” de las obras de la Tubería Manchega para el Campo de Calatrava, una infraestructura que ha calificado como determinante y estratégica para garantizar el abastecimiento de agua en una de las zonas más sensibles desde el punto de vista hídrico de la región. En palabras del propio presidente, se trata de una actuación de enorme impacto social, subrayando que “más de 150.000 personas podrán beber gracias a esta infraestructura”, tras años de dificultades y deterioro del sistema previo.
Este anuncio se produce tras la constitución, el pasado 6 de febrero, de la comisión de seguimiento del convenio entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, un paso clave que permitió fijar el inicio de las obras a partir del mes de marzo, consolidando así una de las actuaciones hidráulicas más relevantes de las últimas décadas en la comunidad autónoma.
La infraestructura permitirá asegurar el suministro de agua potable en cantidad y calidad a más de 155.000 habitantes de la provincia de Ciudad Real, afectando de forma directa a los municipios integrados en el Consorcio de la Vega de Jabalón, entre ellos Almagro, Bolaños, Corral de Calatrava, Moral de Calatrava, Granátula, Pozuelo, Valenzuela, Villar del Pozo o Calzada de Calatrava, además de otras localidades del entorno. A esta red se suman los aproximadamente 18.000 habitantes de Daimiel, actualmente dependientes de aguas subterráneas de la masa Mancha Occidental I, así como el respaldo estratégico para cerca de 100.000 personas abastecidas desde el embalse de Gasset, incluyendo Ciudad Real y municipios como Miguelturra, Carrión de Calatrava, Torralba de Calatrava o Poblete.
El proyecto, impulsado por la sociedad estatal Aguas de las Cuencas de España, dependiente del Ministerio, contempla una inversión global cercana a los 95 millones de euros, lo que refleja la envergadura de una actuación concebida no solo para garantizar el abastecimiento inmediato, sino también para contribuir a la recuperación de los acuíferos de la zona, altamente presionados durante décadas.
Desde el punto de vista técnico, la intervención incluye la construcción de ocho nuevos ramales y un total de 67 kilómetros de tuberías de fundición, con diámetros que oscilan entre los 800 y 250 milímetros, así como todas las infraestructuras auxiliares necesarias para su correcto funcionamiento. Las primeras tuberías, de gran capacidad, llegaron recientemente, lo que ha permitido iniciar ya su instalación en el ramal 8A-B, en el punto kilométrico 11,860 del término municipal de Daimiel, en conexión con el tramo existente Casa Bolote-Ciudad Real.
El desarrollo de los trabajos ha seguido un proceso riguroso desde la firma del acta de replanteo el pasado 30 de diciembre, incluyendo comprobaciones topográficas, gestión de autorizaciones, fabricación de materiales y actuaciones previas sobre el terreno, como el desbroce, la retirada de elementos agrícolas y la señalización de las zonas de obra. Todo ello bajo estrictos criterios de sostenibilidad, ya que la ejecución estará condicionada por las limitaciones ambientales durante los periodos de nidificación de aves esteparias, así como por la protección del patrimonio etnográfico y la realización de sondeos arqueológicos.
La relevancia del proyecto ha sido subrayada también por el vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero, quien lo calificó como “una de las obras hidráulicas más importantes de la democracia”, así como por la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, quien destacó la colaboración institucional como elemento clave para hacer posible esta infraestructura.
La financiación del proyecto se articula a través de un modelo mixto en el que el 65% procede de fondos europeos FEDER 2021-2027, mientras que el resto será anticipado por ACUAES y recuperado a lo largo de 25 años mediante tarifas, conforme al convenio suscrito el 25 de mayo de 2025 con Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha. Este esquema garantiza la viabilidad económica de una obra cuyo horizonte de finalización está previsto para junio de 2028.
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